El Consejo de Estado ordenó ayer que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial así como los entes territoriales de Cartagena de Indias preparen un plan ambiental para recuperar las Islas del Rosario y San Bernardo, debido a que fueron tomados ilegalmente por particulares para el turismo.
El fallo del alto tribunal de lo contencioso administrativo obliga, además, a la demolición de los edificios que han sido construidos en zonas que han sido ocupadas para actividades turísticas de particulares.
“Se deben recuperar las áreas continental y marítima que han sufrido un gran daño ambiental debido al impacto producido por las construcciones y las actividades ilegales que se realizaron”, se lee en uno de los partes de la providencia.
Así mismo, el Consejo de Estado llama la atención porque las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, y los entes territoriales y ambientales de Cartagena no adoptaron las medidas que debían, ya que “no impidieron la degradación de los ecosistemas de la zona del archipiélago, además de no ejecutar las acciones tendientes a la restitución de los bienes de la Nación”.
Los aludidos al respecto son la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique; la Dirección Marítima General, Dimar, y la Capitanía del Puerto de la capital bolivarense.
La decisión de la alta corte afecta también a la Fiscalía General y otras autoridades ambientales, debido a que “desde 1968, el área fue declarada zona baldía, que no podía ser ocupada por particulares”.
Dice la providencia que “en el año 2000, la Contraloría General presentó un informe en el que destacó que por la acción negligente y la omisión en el cumplimiento de sus funciones, el Incora, la Fiscalía, la Unidad del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente y Cardique, eran responsables de la indebida ocupación de los bienes de la Nación y la alteración sistemática de los ecosistemas naturales de las Islas del Rosario y de la Ciénaga de la Virgen”.
Las entidades del Estado condenadas deberán rendir los primeros informes en cuatro meses. El plan será vigilado por la Procuraduría General de la Nación.
Fuente: elheraldo.co
